La inteligencia artificial está convirtiéndose rápidamente en un elemento central en áreas como la salud pública, la educación, la agricultura y la resiliencia climática. En este contexto, el papel del Estado adquiere mayor protagonismo, especialmente en cómo los gobiernos pueden moldear la innovación para servir a objetivos sociales amplios. Los marcos de propiedad intelectual, a menudo vistos como herramientas de exclusividad, se están reorientando para apoyar el acceso inclusivo y el beneficio público.
Este episodio especial de Intangiblia fue grabado como parte de mi participación en el taller “El rol del Estado en promover un acceso equitativo a la IA”, que tendrá lugar en Oxford en septiembre de 2025. Organizado por Sumaya Nur Adan y Joanna Wiaterek, y con el apoyo del Future of Life Institute, el evento reúne a juristas, responsables de políticas y tecnólogos para analizar cómo los Estados pueden garantizar que los beneficios de la IA se compartan de manera equitativa.
El episodio explora cinco mecanismos legales y de política pública que ya están influyendo en la forma en que se gobierna la IA a través de la propiedad intelectual. Aborda los esfuerzos en curso de Canadá para mapear y licenciar patentes de la Corona bajo una estrategia nacional más amplia. Examina las reformas de copyright de Singapur, que han introducido excepciones legales claras para apoyar el entrenamiento de modelos de IA. La conversación también incluye ejemplos de desarrollo de IA con conciencia cultural, como el modelo de código abierto Falcon en Emiratos Árabes Unidos y las iniciativas comunitarias de datos sobre pueblos indígenas en Nueva Zelanda. Analiza cómo las licencias de interés público y los pools voluntarios de PI están evolucionando en sectores más allá de la salud, y cómo iniciativas estatales como la contratación pública y los mandatos de investigación abierta se están utilizando para alinear el desarrollo tecnológico con las necesidades sociales.
El episodio también repasa fallos judiciales recientes en Estados Unidos que han puesto a prueba los límites del fair use en el entrenamiento de IA. Entre ellos se incluyen la decisión de 2024 relacionada con OpenAI, la desestimación de demandas contra Meta en 2025, y el caso Bartz v. Anthropic presidido por el juez Alsup, que subrayó la diferencia entre el reconocimiento de patrones estadísticos y la reproducción directa de obras protegidas por copyright.
En lugar de enfocarse únicamente en restricciones o incentivos, la discusión destaca cómo el derecho de PI puede servir como una herramienta estratégica de gobernanza. Al adaptar los marcos legales a los desafíos actuales, los Estados pueden guiar la innovación en IA hacia resultados inclusivos y ayudar a garantizar que el avance tecnológico siga alineado con el bien público.
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